CACTUS alerta sobre el grave daño social y ambiental del nuevo decreto de la Junta de Andalucía

El turismo continúa creciendo en Andalucía, concentrado en localidades del litoral y, de forma cada vez menos estacional, en las principales ciudades andaluzas, entre ellas Sevilla. La actividad turística es la principal fuente de ingresos para la economía andaluza, eso sí, distribuida de forma profundamente desigual entre personas y territorios. El turismo es también una debilidad, puesto que dependemos de factores externos, como la expansión del coronavirus potencialmente puede demostrar. Pero antes de esta crisis de salud pública, los principales espacios turísticos de Sevilla ya se encontraban en crisis: pérdida de identidad, desmantelamiento del comercio minorista tradicional, apropiación privada del espacio público con veladores, aumento de la contaminación, etc. El nuevo marco regulador anunciado por la Junta de Andalucía profundiza en esta crisis.

Uno de los principales problemas de los centros urbanos ha sido la proliferación de las llamadas «viviendas con fines turísticos», provocando el aumento de los precios del alquiler y expulsando a vecinas y vecinos. Con las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía, la apertura de estos alojamientos se hace más sencilla. Las obras menores que la mayoría de inmuebles necesitan para adaptarse al uso de alquiler turístico ya no requerirán de licencia urbanística, es decir, no habrá un funcionario municipal que revise el proyecto de obra a priori, sino que se hará a posteriori, con una declaración responsable. Esto significa que los ayuntamientos pierden el control sobre cómo se transforma la ciudad, siendo más fácil para los inversores convertir viviendas en alojamientos turísticos.

La reforma legislativa también abarca a las licencias de ocupación, un requisito indispensable para poder explotar una vivienda como negocio. Todos los cambios simplifican los plazos para transformar el espacio residencial en turístico, con el impacto que tendrá en las comunidades locales en zonas centrales, que se suma al creciente abandono de barrios periféricos. Además, se liberalizan los horarios en zonas de gran afluencia turística, donde el comercio minorista y familiar va a tener todavía más complicado sobrevivir. El gobierno autonómico promueve la economía especulativa y se olvida de las necesidades de las personas que habitan la ciudad.

Los discursos economicistas sobre el emprendimiento se fundamentan en principios como las soluciones creativas e innovadoras, especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, los regidores de la Junta de Andalucía han optado por desoír sus propios principios. En lugar de apostar por la diversificación de la economía, apuestan por más turismo, agrandando la dependencia a una industria que justo en estos momentos se está demostrando profundamente volátil. En lugar de afrontar la creciente burbuja inmobiliaria, en gran parte asentada en una burbuja del alquiler a la que contribuye el turismo, apuestan por alimentar esa dinámica. En definitiva, en lugar de gobernar para las personas, lo hacen para las empresas, condenando a la precariedad y al sufrimiento a miles de familias en toda Andalucía.