Pisos turísticos: medidas más eficaces por el derecho a la vivienda en Sevilla

La falta de control en la expansión de los alojamientos turísticos en la ciudad obvia una vez más que la vivienda es un derecho humano al que debe tener acceso toda la ciudadanía, y no una mercancía altamente rentable en el mercado global.El uso residencial de las viviendas se ve totalmente desnaturalizado cuando estas son usadas como alojamientos turísticos, como negocios. Esto tiene efectos negativos directos sobre el derecho a la vivienda. Además altera la vida pública de la zona afectando profundamente a los criterios de la planificación urbanística que deben velar por equipamientos públicos y espacios libres por habitantes. El negocio de las mal llamadas viviendas con fines turísticos (VFT), vivienda solo puede ser donde se vive, está cada vez más controlado por empresas gestoras, fondos de inversión e inmobiliarias que especulan con un bien de primera necesidad. Esto dificulta el acceso de la población a una vivienda digna y asequible (art. 47 CE), al reducir considerablemente la oferta y, consecuentemente, aumentar el precio del alquiler. La implantación descontrolada e ilimitada de pisos turísticos provoca la expulsión del vecindario con menos recursos a otros lugares de la ciudad y la despoblación en las zonas más tensionadas, donde la falta de residentes afecta al comercio de proximidad y bienes básicos y a la convivencia de su tejido social.

La Covid-19 ha limitado la llegada de turistas a la ciudad, pero también ha dejado ver las debilidades del modelo turístico actual.No hay motivos para pensar que cuando la movilidad nacional e internacional se recupere los efectos negativos de la falta de regulación de estos usos turísticos de viviendas vayan a desaparecer. Por eso, es muy necesaria la redacción de una normativa reguladora amplia y garantista para los vecinos y las vecinas de Sevilla, con especial atención en el inquilinato, el pequeño comercio local y las comunidades vecinales. La sentencia 1.550/2020 del TS avala ampliamente la legitimidad y las competencias de los Ayuntamientos de proteger el derecho al acceso a la vivienda y proteger sus usos residenciales. Ya sea dentro de la normativa urbanística o en una ordenanza municipal específica, las medidas propuestas para la regulación de los pisos turísticos en estos sentidos son:

  1. Paralización en la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos hasta que la nueva regulación entre en vigor.
  2. Protección de los suelos calificados como uso residencial en el PGOU para evitar que el negocio de los pisos turísticos los desplace. Los suelos residenciales no deben ser destinados a otros usos.
  3. Creación de unos índices públicos y debidamente actualizados, al menos semestralmente, incluyendo la oferta no registrada, que muestren los niveles de presión turística por zonas de la ciudad. Además, publicación abierta del registro de alojamientos turísticos.
  4. Planificación y regulación especial por zonas acotadas de la ciudad según su nivel de presión turística. Declaración de zonas saturadas en las áreas con mayor presión (niveles de saturación de usos terciarios-turísticos por habitante, densidad de negocios turísticos, pérdida de viviendas, incremento del precio de alquiler de viviendas y de locales comerciales, descenso de población y comercio tradicional, etc.).
  5. Prohibición de concesión de licencias de alquiler turístico y hoteles en las zonas saturadas. Puesta en marcha, en estas zonas, de planes orientados a la reducción de la presión turística y de recuperación de la vecindad.
  6. Establecimiento de un límite de días máximos en los que una vivienda puede ser alquilada con fines turísticos. De 30 a 90 días anuales dependiendo de la presión turística de la zona.
  7. Limitación del número de licencias por propietario de vivienda, empresas gestoras y fondos de inversión. Han de adoptarse medidas que frenen la acumulación inmobiliaria.
  8. Las licencias de alojamiento turístico tendrán carácter temporal y deberán ser revisadas y/o renovadas cada año. Así la Administración Pública se reserva la posibilidad de modificar o actualizar las normativas aplicables. Además, se evita que la alteración del uso residencial fuese definitiva y se descentivaría la especulación con las licencias.
  9. La normativa municipal debe reforzar la facultad de las comunidades de propietarios y propietarias en cuanto a la autorización y control de la instalación de negocios turísticos en sus bloques. En este sentido, será requisito imprescindible para la concesión de la licencia, el acuerdo de los propietarios o propietarias verdaderamente residentes en la comunidad, así como de las familias convivientes en régimen de alquiler.
  10. Limitación y restricción del uso de las zonas comunes de los edificios de forma que no perjudique la vida cotidiana de la vecindad.
  11. En los anuncios (tanto particulares como  en plataformas) de los alojamientos turísticos deberá aparecer obligatoriamente el número de registro de licencia, para facilitar el control a las administraciones sobre los alquileres ilegales.
  12. Establecimiento de un régimen sancionador (al propietario y a la plataforma de anuncios) que no cumplan la normativa. Incremento de recursos humanos para la inspección y el control de irregularidades en la actividad.
  13. Establecer un impuesto específico a los alojamientos turísticos, por tratarse de una actividad económica.
  14. Declarar incompatibles las licencias de alojamiento turístico con la concesión de ayudas públicas destinadas a viviendas de cualquier actuación destinada a la mejora de sus condiciones básicas (accesibilidad, ayudas a la rehabilitación, de eficiencia energética, etc.). Las viviendas beneficiarias de estas modalidades de ayuda deberán conservar su uso (y función social) de forma permanente o por un periodo de tiempo amplio.
  15. Aumento del parque de vivienda pública en alquiler para mitigar las consecuencias que irremediablemente, y aunque se tomen en consideración todas o algunas de las propuestas anteriores, los alojamientos turísticos tienen sobre los precios inmobiliarios en el mercado.

Colectivos que firman este documento:

Colectivo Asamblea contra la Turistización de Sevilla (CACTUS)

Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla

Asociación Pro-Derecho Humanos

AAVV Triana Norte

Ecologistas en Acción Sevilla

L’Anónima

Las Kellys Sevilla

Macarena para Todas

AHRO, Asociación Histórica Retiro Obrero

Asociación plazoleta del Carmen

Asociación vecinal barriada El Rocío – Almutamid

Plataforma Andalucía Viva – Sevilla

Colectivo de Prostitutas de Sevilla

Oficina de Derechos Sociales

Asoc Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA)

Asociación Casa del Pumarejo

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: